El
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha asegurado que el coste
de la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares y el resto de
ciudadanos que a partir de septiembre sean atendidos en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) y no dispongan de tarjeta sanitaria quedará registrado, por lo que
las comunidades les podrán reclamar que lo paguen si en un futuro consiguen
regularizar su situación.
Son medidas disuasorias, según han asegurado fuentes del
departamento de
Ana Mato, que recuerdan que con el nuevo sistema de aseguramiento que entra en vigor este sábado el SNS sólo se cubre la asistencia sanitaria de personas sin tarjeta sanitaria en urgencias, cuando tengan una enfermedad transmisible o crónica (si ya estaban siendo atendidos antes del 31 de agosto), en caso de embarazo o a los menores de 18 años.
Ana Mato, que recuerdan que con el nuevo sistema de aseguramiento que entra en vigor este sábado el SNS sólo se cubre la asistencia sanitaria de personas sin tarjeta sanitaria en urgencias, cuando tengan una enfermedad transmisible o crónica (si ya estaban siendo atendidos antes del 31 de agosto), en caso de embarazo o a los menores de 18 años.
En el resto
de casos, Sanidad insiste en que en la sanidad pública nunca te van a pedir
dinero previamente a atenderte. Pero una vez atendido, y en caso de no
tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha
costado su atención, que se le pasará a sus país de origen en caso de
que tenga firmado algún convenio de colaboración bilateral con España.
De lo
contrario, el paciente puede declararse sin recursos y no estará obligado a
pagarla, han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin
embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.
Así, aunque
desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de
morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo
en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace
cualquier empresa".
Esta situación
no se dará en todas las comunidades ya que algunas, como Andalucía Paìs
Vasco o Galicia, ya han anunciado que a partir de septiembre van a
seguir haciéndose cargo de lo que cueste la atención de sus inmigrantes en
situación irregular.
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