El
procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña,
solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) realizar una investigación
sobre la decisión adoptada por la magistrada Blessie Gómez Báez, jueza
de la jurisdicción permanente del Distrito Judicial de Santiago, la cual
mediante Resolución número 954-12, decidió otorgar una fianza al
imputado William Francisco Henríquez Gómez, acusado de agredir al fiscal
Otto Soriano García en pleno ejercicio de sus funciones.
En
una comunicación dirigida al presidente de la SCJ, doctor Mariano
Germán Mejía, el procurador Jiménez Peña expresa: “Honorable magistrado
constituye un hecho sin precedentes e inaudito que la magistrada Blessie
Gómez Báez le haya otorgado una fianza al agresor del Ministerio
Público, no obstante la Fiscalía de Santiago haber depositado todos los
elementos probatorios que confirman de manera fehaciente la peligrosidad
del agresor”.
Señaló que la juez decidió otorgarle al imputado Henríquez Gómez una presentación, cuidado, vigilancia y garantía accesoria.
Dijo
que el Ministerio Público solicitó la imposición de la medida de
prisión preventiva amplia y fehacientemente justificada en el caso de la
especie, al tiempo de manifestar que la juez no evaluó la gravedad del
ilícito en razón de la acción penal y contra quien se realizó, “y por
supuesto, no ponderó el peligro existente e inminente para la víctima”.
Expuso
que la acusación en contra del referido imputado se produce como
consecuencia de la agresión de que fue objeto el magistrado Otto Soriano
García en un hecho que a todas luces puso en peligro su integridad
física, ya que el imputado de manera alterada le produjo por la espalda
golpes y heridas, curables después de los veinte días.
Sostuvo
que la decisión envió un mensaje negativo a la sociedad de desdén e
irrespeto hacia las autoridades, sin advertir las implicaciones
posteriores que podría tener hacia cualquier otro miembro del sistema de
Justicia.
“Señor
Presidente, somos fervientes defensores de la independencia del Poder
Judicial, pero frente a actitudes de irresponsabilidad mayúscula como la
adoptada por la magistrada Blessie Gómez Báez, no podemos dejar pasar
por alto ese tipo de decisiones, que se produjo en atención a un
querellamiento del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones. En
ese sentido, se quejó de que cuál sería entonces su actitud frente a
requerimientos de humildes ciudadanos que no tienen ninguna posibilidad
de acceder a otros medios que no sean los habituales.
“Después
de todas las consideraciones externadas y con el mayor respeto que nos
merece su investidura, en nombre de toda la familia del Ministerio
Público, le expresamos nuestra indignación por la acción impetrada por
esta magistrada y nos permitimos solicitarle realizar una profunda y
exhaustiva investigación de las actuaciones de la referida jueza”,
expresó el procurador en su comunicación.
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