El Procurador General Adjunto y miembro del consejo superior del Ministerio Público, Moisés Ferrer, calificó de injustas las declaraciones de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (ADOFIC), donde señalan que el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, priorizó el sistema penitenciario y descuidó las condiciones de vida y salarios de los fiscales.
Ferrer recordó a los fiscales, que a la llegada al ministerio público de Jiménez Peña, los fiscales devengaban salarios que oscilaban entre los 25,000, 30,000 y 35,000 mil pesos, escala comprendida para fiscalizadores, fiscales adjuntos y fiscales titulares, los cuales al día de hoy perciben emolumentos por el orden de los 45,000,65,000, 80,000, y en algunos casos hasta 100,000 pesos, pese a que el presupuesto del ministerio público no ha experimentado aumento alguno durante la gestión del actual procurador general de la república.
El miembro titular del consejo superior del ministerio público, tras reconocer la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los fiscales, no obstante consideró de justicia, reconocer los esfuerzos que año tras año ha venido desplegando el procurador para dotar al ministerio público de un mayor presupuesto, sin resultado positivo hasta la fecha, con un presupuesto estático, lo cual tampoco ha sido obstáculo para que Jiménez peña, también haya mejorado sustancialmente los salarios del personal administrativo del ministerio público.
Ferrer, asimismo, invitó a los fiscales a examinar las memorias rendidas por el procurador sobre su gestión, la cual calificó de histórica y exitosa con el reconocimiento reiterado de la sociedad civil como una de las instituciones más transparente del Estado Dominicano, la creación y establecimiento de decenas de nuevas fiscalías, la automatización y equipamiento del ministerio público, la modificación de la ley de lavado de activos para incluir al ministerio público en los beneficios de la misma, la creación de la defensoría y asistencia de las víctimas del delito, la regularización del estatus de cientos de fiscalizadores que desempeñaban funciones de fiscales, y la construcción de cárceles modelo en diversos puntos del país, entre otros tantos logros.
Ferrer rechazó que los recursos destinados a concretar una vida digna para los reclusos, a través del modelo penitenciario dominicano, hoy paradigma y ejemplo para Iberoamérica haya mermado las posibilidades de un mejor salario para los fiscales, en razón de que se trata de un proyecto autosustentable producto de las ayudas y colaboraciones internas y externas gestionadas por el procurador, al margen del presupuesto del ministerio público.
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