El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico, magistrado Moisés Ferrer, se quejó de la flexibilidad con que determinados jueces tratan a los acusados de atentado contra la Seguridad Energética Nacional.
Ferrer reaccionó inconforme por la medida de coerción impuesta a los propietarios de la metalera Santa Cruz, donde fueron decomisadas cientos de piezas de torres eléctricas.
El juez de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, Richard Aquino Natera, sólo impuso presentación periódica e impedimento de salida contra Manuel Ramón Hilario Paulino, de 81 años, y su hijo Luis Hilario Jiminían, de 46 años.
Sin embargo, el Procurador Adjunto declaró que, luego de varios días de investigaciones, solicitó prisión preventiva por considerar que hay indicios contundentes de responsabilidad penal.
Recordó que la pasada semana esa metalera fue cerrara por PGASE durante un allanamiento donde fueron encontrados 146 angulares de torres eléctricas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y 15 rieles presumiblemente del Consejo Estatal de Azúcar.
Además 37 válvulas probablemente pertenecientes al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), así como una cantidad indeterminada de cables tensores de alta tensión y de tensores robados en diferentes puentes.
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